El Tribunal Oral Federal 2 dictaminó que se debe pedir la opinión de los hijos de Cristina Kirchner antes de avanzar con la ejecución de bienes, entre ellos veinte propiedades que les había cedido.

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió que, antes de ejecutar el patrimonio de Cristina Kirchner, deben solicitarse los argumentos o descargos de sus hijos Máximo y Florencia. La decisión se tomó en el marco de la causa Vialidad, que ya dictó condenas y pretende avanzar con la confiscación de bienes. 

El patrimonio en discusión incluye hoteles, terrenos, complejos de departamentos y propiedades que supuestamente habían sido cedidas a sus hijos en 2016, al culminar su mandato presidencial. Son alrededor de veinte bienes los que están bajo análisis.

El fiscal Diego Luciani había solicitado la ejecución inmediata, pero los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu consideraron que avanzar sin oír a las defensas podría comprometer el debido proceso. En su fallo, pidieron correos traslado a los implicados. 

Aunque Máximo y Florencia Kirchner no están imputados en la causa, su vinculación con los bienes en disputa los coloca en el centro del debate. La medida genera también tensiones políticas por el efecto simbólico que tiene involucrar directamente a la descendencia de la ex presidenta en el proceso judicial.