El exfuncionario, que debió renunciar en diciembre, quedó procesado por lavado de activos de origen ilícito. La Justicia detectó maniobras de «disimulación patrimonial» a través de terceras personas para blanquear los ingresos generados por la red de corrupción que operaba con las infracciones de tránsito y la VTV.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al exministro de Transporte de Axel Kicillof, Jorge D’Onofrio, por lavado de activos y le trabó un embargo de 350 millones de pesos. La medida también alcanzó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización, a quien se le embargaron 300 millones. Aunque ambos seguirán el proceso en libertad, la Justicia consideró probado que montaron un esquema para ocultar patrimonio proveniente de la corrupción en el sistema de fotomultas y la VTV.

La clave del procesamiento fue la detección de una maniobra de «disimulación patrimonial» mediante una camioneta Audi Q8 de lujo. El vehículo figuraba a nombre de Asensio, señalado como testaferro, por un valor declarado irrisorio, muy inferior al real. Sin embargo, la investigación comprobó que D’Onofrio ejercía el dominio real del rodado y pagaba sus gastos, desestimando así las versiones de los acusados sobre la propiedad del bien.

Esta decisión judicial se enmarca en una «megacausa» que investiga el desvío sistemático de fondos públicos. Mientras el fuero federal avanza sobre el lavado de dinero, en los tribunales de La Plata tramita un expediente paralelo por asociación ilícita. Allí se acusa al dirigente del Frente Renovador de liderar una estructura que ofrecía «descuentos» ilegales en infracciones y direccionaba contratos de la VTV para sustraer dinero de la recaudación bonaerense.

El avance de estas causas ya había precipitado la renuncia de D’Onofrio al gabinete de Kicillof el pasado 30 de diciembre, alegando «motivos personales» ante el escándalo. Con la inhibición general de bienes ratificada y los millonarios embargos vigentes, el objetivo de la Justicia ahora se centra en recuperar los activos que, según la acusación, fueron drenados de las arcas del Estado provincial.