La investigación en Tucumán sigue abierta y las autoridades anticipan nuevas detenciones en torno al caso. Ya hay una funcionaria judicial detenida y la pesquisa profundiza la línea vinculada al narcotráfico.

La pesquisa por el femicidio de Érika Álvarez continúa en Tucumán con más capítulos judiciales y policiales que dejan entrever una causa compleja. Las fuerzas de seguridad y la Justicia provincial mantienen la hipótesis de que el crimen no se limitó a un hecho aislado, sino que podría involucrar una red más amplia de participación.

Este fin de semana fue detenida Justina Gordillo, funcionaria judicial y pareja del principal acusado, Felipe Sosa, a partir de los indicios que surgieron en los allanamientos y declaraciones recabadas por los investigadores. Aún se busca determinar si Gordillo tuvo un rol directo en el hecho o si posee información clave para reconstruir lo sucedido.

En los procedimientos realizados por la Policía de Tucumán se secuestraron elementos probatorios, como vehículos y teléfonos celulares, que ya quedaron bajo custodia para peritajes. Además, las autoridades no descartan que surjan nuevas detenciones relacionadas con circuitos de venta y tráfico de drogas, que conforman una de las líneas de investigación más activas dentro de la causa.

Las autoridades del Poder Judicial y de seguridad provincial recalcaron que el caso no está cerrado y que se continuará trabajando para esclarecer todas las posibles vinculaciones. El avance de la causa ha generado expectativa en la sociedad tucumana, que espera respuestas sobre la trama detrás de este femicidio.