Pericias al teléfono de uno de los presuntos líderes revelaron videos, audios y chats con detalles sobre marcación de viviendas, reparto de roles y administración del botín. La Justicia ordenó restringir el uso de dispositivos móviles a los detenidos vinculados a la causa.

Una investigación judicial dejó al descubierto cómo la denominada Banda del Millón habría coordinado una serie de entraderas en la zona norte del conurbano bonaerense desde el interior de una unidad penitenciaria. El contenido extraído del celular de Lucas Ezequiel Flores Mereles, secuestrado en el penal de Melchor Romero, incluye videollamadas, audios y conversaciones en las que se detallan objetivos, movimientos y distribución de tareas para concretar los robos.

Según consta en el acta pericial, de 47 páginas, en el dispositivo se encontraron registros de marcaciones de viviendas en localidades como Martínez y San Isidro, donde se observan frentes de casas, accesos laterales y referencias a rutinas de los moradores. En los audios, el presunto organizador definía roles, equipo de ingreso, conductor y apoyo externo, y daba instrucciones sobre herramientas a utilizar y tiempos de ejecución. También se identificaron intercambios vinculados a la logística de movilidad y a la provisión de un segundo teléfono para mantener comunicaciones durante los hechos.

Entre los archivos más relevantes figuran videollamadas posteriores a uno de los robos, en las que se observa dinero en distintas monedas y joyas presuntamente sustraídas. La investigación también detectó conversaciones relacionadas con la venta de armas y vehículos, así como comprobantes de transferencias y pedidos de alias de billeteras virtuales que los peritos asocian con la administración inmediata del dinero obtenido.

A raíz de estos hallazgos, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, del Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, dispuso la prohibición del uso de teléfonos celulares para cuatro detenidos acusados de integrar la organización. La medida se enmarca en la investigación que encabeza el Ministerio Público Fiscal de San Isidro, orientada a determinar responsabilidades y desarticular el presunto esquema delictivo que, según la causa, continuaba activo pese al encarcelamiento de algunos de sus integrantes.