En el marco del debate oral, se requirió una condena de nueve años para la mujer que fingió ser víctima de un ataque sexual, provocando un perjuicio irreparable a terceros.

El proceso judicial contra una funcionaria pública de la provincia de Buenos Aires ha entrado en su etapa de alegatos finales con un pedido de pena sumamente elevado. Se informó que nueve anos de prision pidieron para la consejera escolar que denuncio una falsa violacion, tras comprobarse a través de pericias técnicas y testimoniales que el hecho nunca ocurrió. La acusada había montado una escena de agresión que movilizó recursos policiales y afectó la reputación de personas que fueron señaladas injustamente como autores del delito. La fiscalía consideró que la gravedad institucional de sus actos amerita una sanción ejemplar, dado que utilizó su cargo para dar veracidad a un relato inexistente. Durante el juicio se demostró que las lesiones que presentaba la mujer fueron autoinfligidas con el objetivo de sustentar su denuncia ante los medios y la justicia. El abogado defensor de la consejera intentó argumentar problemas de salud mental, pero los peritos oficiales descartaron cualquier patología que le impidiera comprender la criminalidad de sus actos. Este caso ha generado una fuerte repercusión en el ámbito educativo y político, donde se exige que se respete la rigurosidad de la ley para quienes utilizan causas sensibles de género para fines personales. La sentencia definitiva se conocerá en los próximos días, mientras la funcionaria permanece suspendida en sus tareas habituales. Las víctimas de su falsa acusación han iniciado también demandas civiles por daños y perjuicios morales. La contundencia de las pruebas digitales, incluyendo mensajes de texto previos al hecho, fue fundamental para desmoronar la coartada de la imputada.