El Poder Ejecutivo derogó el fondo de financiamiento que operacionalizaba la gratuidad en transporte para personas con discapacidad e infantes diagnosticados con cáncer. Esta acción fue formalizada mediante resolución que cuestiona la sustentabilidad económica del modelo anterior.

Desde la administración se reitera que la derogación del fondo no cancela el derecho a la gratuidad, que continúa siendo un beneficio exigible ante el Estado. La evaluación oficial sostiene, no obstante, que las estructuras de compensación preexistentes carecían de respaldo presupuestario suficiente.

La iniciativa se inserta dentro de una estrategia más amplia de revisión del gasto público iniciada por esta gestión. Autoridades han enfatizado la importancia de garantizar que los subsidios sociales cuenten con fundamentos fiscales robustos.

Especialistas en políticas de inclusión advierte que sin un mecanismo de financiamiento claramente definido, la operatividad del beneficio podría verse comprometida, más allá de su existencia formal en la normativa. Transportistas y municipios enfrentarían obstáculos para implementar esta prestación.

Hasta la fecha, entidades que representan a beneficiarios no han manifestado públicamente su posición sobre la medida. Observadores políticos prevén que esta decisión podría suscitar controversias importantes entre sectores dedicados a la protección de grupos vulnerables en las semanas venideras.

Imagen: Matías Villacura / Unsplash – Con informacion de La Nación