Un mecanismo institucional destinado a proteger a poblaciones del riesgo de inundaciones está siendo desviado hacia financiamiento general del Tesoro. Mientras existen recursos identificados y presupuestados para obras de prevención, estos no se ejecutan porque el dinero es canalizado hacia otros fines.

La paradoja es evidente: hay disponibilidad de fondos, pero no hay ejecución de proyectos. Las normas legales establecen claramente qué debe hacerse con estos recursos, pero en la práctica administrativa ocurre algo distinto.

Las consecuencias impactan directamente en la seguridad de comunidades expuestas a inundaciones. Sin obras de contención hídrica, estos territorios permanecen vulnerables ante eventos hidrológicos adversos. Mientras tanto, el dinero que debería protegerlos se utiliza en otros capítulos del gasto público.

Este desvío revela un problema de prioridades y compromiso administrativo. Tener fondos etiquetados legalmente no es suficiente si las autoridades deciden reasignarlos a otros propósitos. La voluntad política para ejecutar conforme a la ley parece estar ausente.

El fenómeno representa un maquillaje presupuestario que esconde un déficit real en infraestructura preventiva. Se logra un superávit fiscal parcial al no invertir en lo que debería invertirse, pero el costo social de esta decisión es alto.

Para cambiar esta situación se necesita que las administraciones públicas reorienten sus decisiones y garanticen que los fondos cumplan su función legal, permitiendo que las obras de prevención de inundaciones finalmente se realicen y protejan efectivamente a la población en riesgo.

Imagen: ron dyar / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural