La desinflación enfrenta un enemigo implacable: la desconfianza de la población. Seis de cada diez argentinos estima que los precios continuarán subiendo, un dato que retrata la gravedad de la crisis de credibilidad que atraviesa la política económica del país.

Cuando hablamos de crisis de credibilidad en materia económica, nos referimos a algo más grave que simple escepticismo. Es la ruptura entre lo que dicen las autoridades y lo que la gente percibe en su vida diaria. Y esa ruptura, en el caso argentino, es profunda.

La población vive la inflación en tiempo real. Cada compra en el supermercado es un recordatorio de que los precios no bajan. Cada factura de servicios es una evidencia de que no hay estabilización. Cada conversación en la panadería o la verdulería, inevitablemente, gira en torno a los aumentos. Esta cotidianidad desacredita cualquier narrativa de baja de precios.

El problema se amplifica cuando consideramos los efectos que la desconfianza genera en el comportamiento económico. Si la gente no cree que bajarán los precios, cambia sus decisiones de consumo: compra más hoy, antes de que suban nuevamente. Esa anticipación de demanda presiona los precios hacia arriba, validando las expectativas de aumento. Se crea así un círculo vicioso donde la incredulidad se convierte en causa de lo que la gente teme.

Las autoridades enfrentan un desafío formidable. Las medidas económicas, por más ortodoxas o correctas que sean en términos técnicos, pierden efectividad si la población no las respalda o no cree en ellas. La legitimidad social es, en economía, tan importante como los números macroeconómicos.

Para que la desinflación recupere credibilidad, debe manifestarse en los bolsillos de los argentinos. No alcanza con argumentos: se necesitan resultados tangibles y visibles. Mientras seis de cada diez ciudadanos dude de que bajen los precios, la economía funcionará con el freno de la desconfianza.

Imagen: Pepi Stojanovski / Unsplash – Con informacion de El Cronista