Una propuesta del sector político plantea una reorganización en cómo se administran los recursos destinados al mantenimiento de caminos rurales. La iniciativa transfiere el 70% de la tasa vial a la Asociación Rural, convirtiéndola en gestora de infraestructura territorial.

La Asociación Rural estaría facultada para designar quién coordinaría el mantenimiento de la red de caminos. Contaría además con acceso al parque de maquinaria municipal para ejecutar obras. Se trata de un esquema que combina la experiencia del sector agrícola con capacidad de inversión pública.

Para que la propuesta se materialice, es necesario que municipio y Asociación Rural formalicen un acuerdo. Este convenio debe contemplar definiciones precisas sobre responsabilidades operativas, financieras y procedimientos de trabajo conjunto.

La iniciativa responde a un problema conocido: caminos rurales deficientemente mantenidos impactan en la producción agropecuaria y limitan la conectividad territorial. La Asociación Rural, al representar directamente a productores, tiene información sobre qué sectores requieren mayor intervención.

Transferir capacidad decisoria a la entidad permitiría alinear mejor las inversiones con necesidades reales del territorio. La cercanía entre quienes administran fondos y quienes utilizan la infraestructura podría traducirse en mayor eficiencia del gasto y respuesta más ágil ante problemas.

El modelo propuesto reconoce que la colaboración entre actores públicos y privados del territorio puede generar mejores resultados en infraestructura. Sin embargo, requiere que ambas instituciones establezcan claramente cómo trabajarán juntas.

Imagen: Altaf Shah / Pexels – Con informacion de Clarín Rural